Desmunicipalización al fin / Publicado por El Mostrador
Luego de casi 2 años de discusión en el Parlamento, al fin fue aprobado el proyecto de Nueva Educación Pública que terminará gradualmente con la dependencia municipal de los liceos y crea una institucionalidad específica a cargo de la administración de los mismos: la dirección de educación pública y los servicios locales. Este sistema devolverá la administración de las escuelas a un organismo dedicado exclusivamente a la educación. Esta noticia es sin duda motivo de alegría, por las razones que exponemos a continuación:
Mayor equidad: La educación pública está llamada a equiparar las diferencias de cuna que se generan en un país tan desigual como el nuestro. Según los datos de PISA, el nivel socioeconómico es el principal factor que determina los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hoy, al depender la educación del municipio, los jóvenes que estudian en comunas vulnerables suelen recibir menos recursos, lo que decanta en una educación de peor calidad. Esto se explica por varios motivos, como la imposibilidad de contratar personal de apoyo o tener equipos que gestionen adecuadamente los recursos. Ahora, la ley permitirá que la calidad de la educación no dependa de los recursos del Municipio.
Más colaboración, menos competencia: La mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes es un objetivo complejo y se necesita a miles de profesionales que colaboren y compartan las prácticas que les han funcionado mejor. Si en una escuela desarrollan un buen método para enseñar matemáticas, ¿no es lógico que los otros establecimientos puedan imitarlas? Hoy los establecimientos funcionan de manera aislada y deben competir por los estudiantes, por lo que compartir los secretos de su éxito es una mala idea.
Gracias a la desmunicipalización, los Servicios Locales deberán desarrollar una estrategia de trabajo que priorice la colaboración de sus establecimientos, potenciando la articulación territorial y facilitando espacios de aprendizaje mutuo.
Obligación, no buena voluntad: Los cambios en educación son siempre a largo plazo y es evidente que necesitamos especialistas en educación que tracen una ruta mirando al futuro y hagan modificaciones necesarias basadas en evidencia. En la actualidad, la educación es administrada por alcaldes que van a elecciones cada cuatro años y, en caso de perder, es común que quien asume cambie las prioridades para que reflejen mejor su voluntad. La política aprobada terminará con este absurdo. Por fin tendremos una estrategia nacional de fortalecimiento, con recursos asegurados por ley y una mirada de largo plazo más allá de los ciclos políticos.
A pesar de la alegría que nos produce la aprobación de esta ley, no podemos conformarnos. Es imprescindible que esta política incluya planes de preparación para todos los servicios locales, con foco en la formación de los equipos de los servicios y las escuelas. El éxito de esta nueva institucionalidad se definirá por su capacidad de generar acompañamiento pertinente y de alta calidad a cada una de las escuelas a su cargo, a través de los mejores profesionales posibles y con sentido territorial.
Una de las grandes fortalezas de este proyecto es que prioriza la colaboración por sobre la competencia. Sin embargo, para que este objetivo se desarrolle, urge un cambio al sistema de financiamiento. Actualmente las escuelas reciben recursos en proporción a su matrícula y la asistencia de los estudiantes, lo que es un incentivo a no compartir las mejores prácticas, pues, si el otro mejora, puede quitarles alumnos a otras escuela, por ende, el financiamiento. Esto afecta especialmente a escuelas pequeñas y en contextos difíciles, donde la asistencia es más baja e irregular.
Por ello, el fortalecimiento de la educación pública requiere urgente un nuevo sistema de financiamiento que considere ingresos fijos y variables, respondiendo de mejor manera a la estructura de costos de las escuelas, asegurándoles recursos desde el comienzo del año escolar y simplificando los diversos aportes y criterios utilizados hoy.
La mejora de la Educación Pública no ocurre por la mera aprobación de una ley, son procesos que se sostienen en las creencias y competencias de los actores, por lo cual el sistema educativo debe entregarles herramientas, recursos y condiciones a los sostenedores, directivos y docentes para que puedan desarrollar la tarea más importante: lograr que los estudiantes aprendan.
Nicole Cisternas y Felipe Coloma
Directora de Política Educativa e Investigador de Educación 2020.
Fuente: El Mostrador